Google ha apelado al principio de territorialidad,y ha aludido a que el regulador de la privacidad en España no tiene jurisdicción sobre la compañía de Internet, pues quien se encarga de los servicios del tratamiento de datos es Google Inc., la empresa matriz radicada en Estados Unidos.
El particular español que se considere afectado, en definitiva, que no quiere que hablen de él sin su consentimiento, tendría que irse, según mantiene el equipo jurídico buscador, a reclamar a California.
La otra parte de la argumentación de Google es que se trata de un mero buscador, recopilador de la información que anteriormente han dado otros, los «webmaster». No es pues el intermediario contra el que hay que ir, sino contra la página que inicialmente publicó dicha información.
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